ARTURO ALFARO GALÁN
El contralor general de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Óscar Gilbón Rosete, informó que en los próximos días se instalarán kioskos informativos en el Complejo Cultural Universitario y en las afueras del edificio Carolino para que la comunidad de la institución consulte los resultados de las auditorías, los análisis de transparencia y el adecuado manejo de los recursos financieros durante los últimos cuatro años.
Los centros de atención universitaria estarán atendidos por personal del área jurídica de la UAP, quienes brindarán la información solicitada para dar certidumbre a la sociedad en general sobre el uso de los recursos en la institución.
Gilbón Rosete afirmó que los logros y el reconocimiento obtenidos por la UAP en los últimos cinco años confirman la correcta aplicación de los recursos públicos que recibe la institución, los cuales han colocado a la universidad a la vanguardia a nivel nacional e internacional en materia de calidad académica e infraestructura.
Asimismo, indicó que a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no emitió observaciones pendientes por solventar, la UAP solicitó una nueva revisión del manejo de sus recursos con el único objetivo de dar certeza sobre el manejo transparente de los fondos que recibe.
Este órgano, máxima autoridad en materia de revisión de las cuentas públicas en el país, realizó en los últimos cinco años tres auditorías de manera integral y otras a renglones específicos a la UAP y en las cuales avaló el manejo transparente de los recursos.
El funcionario señaló que la sociedad no debe dejarse engañar por la divulgación de información dolosa, sino que debe revisar los resultados que la institución está ofreciendo y una prueba clara es que en el último lustro logró colocarse a la vanguardia en calidad académica.
“Quiero hacer un llamado a la comunidad para que no se deje sorprender y analice los resultados y logros que ha obtenido la UAP en los últimos años’’, expresó.
El contralor general de la UAP señaló que anualmente la institución rinde cuentas ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (Orfise) y cada vez son revisiones más exhaustivas y minuciosas, y en cada una de ellas los resultados han sido aprobatorios, por lo que consideró que el buen manejo financiero es avalado por las firmas internacionales y organismos nacionales de fiscalización.
Finalmente, abundó que la entrega de buenas cuentas ha generado resultados palpables, traduciéndose en más apoyos económicos para los universitarios, “porque quienes ejercen esos fondos son los cuerpos académicos, los investigadores y los responsables de los programas acreditados. Ellos son los actores y los beneficiarios los estudiantes y la sociedad”.
lunes, 30 de agosto de 2010
martes, 24 de agosto de 2010
viernes, 20 de agosto de 2010
TENGO FE EN LA CIENCIA MEXICANA
Por: Joel Jiménez Lozano*
En una encuesta realizada por el diario EL PAIS [1], ocho de cada diez mexicanos considera que la labor de los científicos es de las más importantes para la sociedad comparada con otras profesiones. Sin embargo, esta alentadora visión es opacada categóricamente por el resultado de que seis de cada diez mexicanos piensan que la astrología, el conocimiento de los signos del zodiaco y la parasicología son ciencias. Y más aún que ocho de cada diez adultos en nuestro país cree firmemente eso de que la fe mueve montañas y el 71 por ciento está convencido que existen los milagros. Esto trae severos “traumatismos” en lo que se considera científico, por ejemplo, un gran número de mexicanos considera científicos a Jaime Maussán, popular relator de episodios con objetos voladores no identificados y “extraterrestres”, Madam Sazú, síquica que en breves consultas telefónicas da números para ganar la lotería ó solucionar problemas de toda índole, y el no menos afamado “investigador” de lo paranormal Carlos Trejo.
Estos datos no sorprenderán a algunos e inclusive harán recordar los ilustres comentarios del peculiar ex Presidente de México, el Lic. Vicente Fox, donde él aseveró que la crisis económica se debía a una convergencia de los astros en el sentido negativo, de vibras negativas. Aún cuando sus declaraciones pudieran ser solo palabras al aire, la analogía deja mucho que desear viniendo de un jefe de Estado.
En el momento uno podría preguntarse, Entonces ¿qué es ciencia?, para responder a esta cuestión podemos consultar la sencilla definición del distinguido científico y doctor Ruy Pérez Tamayo, él define a la ciencia y tecnología de la siguiente manera [2]:
I.Ciencia: actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la Naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar consenso entre los expertos relevantes.
II.Tecnología: actividad humana creativa cuyo objetivo es la transformación de la Naturaleza y cuyos productos son bienes de consumo y/o servicio.
La ciencia no pretende ser ni absoluta, ni autoritaria, ni dogmática. Todas las ideas, hipótesis, teorías; todo el conocimiento científico está sujeto a revisión, a estudio y a modificación. El conocimiento que tenemos representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por observaciones y experimentos.
¿Y que pasa con la ciencia en México?, en palabras de la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias la bióloga Rosaura Ruiz Gutiérrez [3], “el sistema científico aun no desempeña todavía un papel central en el desarrollo cultural y social del país, ni esta conformado en el esquema social y productivo de México, ni constituye aun parte indisoluble de su vida diaria. Hay logros y rezagos, pero el balance nos obliga a admitir que el impacto de la ciencia, las humanidades y la tecnología no es ni lejanamente lo que México requiere”. Es bien sabido que la falta de inversión es una de los principales causantes del status quo de la ciencia y tecnología mexicanas. La UNESCO, una de las agencias de las Naciones Unidas especializadas en el tema, señala que para ser un país competitivo debería al menos destinarse 1 por ciento del PIB al desarrollo de la ciencia y tecnología. Es usual que al político activo cuando se le cuestiona al respecto de esta situación suele defender el apoyo a la ciencia con macahuitl en mano cual guerrero azteca, sin embargo, como sucede habitualmente el discurso político y la acción no van de la mano, es por ello que del 2003 al 2007 el porcentaje para ciencia y tecnología decreció de 0.43 a 0.35 por ciento del PIB y el presupuesto asignado para el 2010 es de 0.34 por ciento. Datos en verdad muy preocupantes. Una de las desagradables secuelas de este descuido (por gobernantes y ciudadanos) es nuestra confusa visión de lo que entendemos por ciencia.
Es importante aclarar cuales son algunos de los beneficios que ofrece la ciencia como parte integral de una cultura, entre una de sus ventajas permite evitar la recurrencia del hombre a la autoridad para resolver sus dudas, fomenta su búsqueda de respuestas dentro de un marco racional situado en la realidad y de acuerdo a principios de valor objetivo que excluyen el dogma y las situaciones mágicas como criterios de validez para aceptarlas. Desarrolla una madurez intelectual entre nuestras virtudes personales y permite descartar con mayor facilidad entre la demagogia y la verdad. Asimismo, las naciones que la adoptan amplían su desarrollo y progreso económico, además de mejorar las capacidades de la fuerza laboral con la creación de nuevos conocimientos y tecnologías. Al mismo tiempo, es parte esencial en el progreso de sus sistemas de salud y seguridad.
Desde el punto de vista personal podríamos preguntarnos: ¿Qué podemos hacer para integrar a la ciencia como parte de nuestra cultura?, es claro que el problema es muy complejo y la recuperación deberá emanar de la sociedad misma y es por ello que a cada uno de nosotros nos corresponde participar en su florecimiento, unas sugerencias son las siguientes:
Apagar la televisión por un tiempo y desarrollar el hábito de la lectura. Leer sobre temas de ciencia, historia y humanidades.
Fomentar el interés científico en el hogar, con nuestros amigos y vecinos. Conversar, discutir y escribir lo que aprendamos. Asistir a museos y exposiciones artísticas y científicas.
Participar en la elección de los futuros gobernantes y demás representantes políticos. Analizar que sus propuestas incluyan el uso de la ciencia y la tecnología para beneficio de la sociedad. Verificar que su historial profesional-académico ameriten su elección a fin de proveer confianza en el futuro desempeño de sus funciones.
Al representante político en acción, exigirle el formalizar sus propuestas y participar en el logro de esas metas. Pedir la construcción de nuevas bibliotecas y la mejora de las existentes.
Cumplir de manera ética e íntegra con nuestras obligaciones personales y profesionales.
Ser optimistas en nuestra vida diaria y en cualquier trabajo en el que nos desenvolvamos.
Para finalizar solo queda agregar que la ciencia no engaña, el engaño esta en quien no sabe. El verdadero cambio esta en nosotros mismos.
Referencias:
[1] De las Heras, M., La ciencia de los milagros, EL PAIS, 29/03/2010.
[2] Pérez Tamayo, R., Ciencia, ética y sociedad, El Colegio Nacional, 1991.
[3] Ruiz Gutiérrez, R., Ciencia para el desarrollo de México, La Jornada, sección LaJornada en la ciencia.
* Investigador Postdoctoral, Universidad de Notre Dame, EUA.
En una encuesta realizada por el diario EL PAIS [1], ocho de cada diez mexicanos considera que la labor de los científicos es de las más importantes para la sociedad comparada con otras profesiones. Sin embargo, esta alentadora visión es opacada categóricamente por el resultado de que seis de cada diez mexicanos piensan que la astrología, el conocimiento de los signos del zodiaco y la parasicología son ciencias. Y más aún que ocho de cada diez adultos en nuestro país cree firmemente eso de que la fe mueve montañas y el 71 por ciento está convencido que existen los milagros. Esto trae severos “traumatismos” en lo que se considera científico, por ejemplo, un gran número de mexicanos considera científicos a Jaime Maussán, popular relator de episodios con objetos voladores no identificados y “extraterrestres”, Madam Sazú, síquica que en breves consultas telefónicas da números para ganar la lotería ó solucionar problemas de toda índole, y el no menos afamado “investigador” de lo paranormal Carlos Trejo.
Estos datos no sorprenderán a algunos e inclusive harán recordar los ilustres comentarios del peculiar ex Presidente de México, el Lic. Vicente Fox, donde él aseveró que la crisis económica se debía a una convergencia de los astros en el sentido negativo, de vibras negativas. Aún cuando sus declaraciones pudieran ser solo palabras al aire, la analogía deja mucho que desear viniendo de un jefe de Estado.
En el momento uno podría preguntarse, Entonces ¿qué es ciencia?, para responder a esta cuestión podemos consultar la sencilla definición del distinguido científico y doctor Ruy Pérez Tamayo, él define a la ciencia y tecnología de la siguiente manera [2]:
I.Ciencia: actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la Naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar consenso entre los expertos relevantes.
II.Tecnología: actividad humana creativa cuyo objetivo es la transformación de la Naturaleza y cuyos productos son bienes de consumo y/o servicio.
La ciencia no pretende ser ni absoluta, ni autoritaria, ni dogmática. Todas las ideas, hipótesis, teorías; todo el conocimiento científico está sujeto a revisión, a estudio y a modificación. El conocimiento que tenemos representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por observaciones y experimentos.
¿Y que pasa con la ciencia en México?, en palabras de la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias la bióloga Rosaura Ruiz Gutiérrez [3], “el sistema científico aun no desempeña todavía un papel central en el desarrollo cultural y social del país, ni esta conformado en el esquema social y productivo de México, ni constituye aun parte indisoluble de su vida diaria. Hay logros y rezagos, pero el balance nos obliga a admitir que el impacto de la ciencia, las humanidades y la tecnología no es ni lejanamente lo que México requiere”. Es bien sabido que la falta de inversión es una de los principales causantes del status quo de la ciencia y tecnología mexicanas. La UNESCO, una de las agencias de las Naciones Unidas especializadas en el tema, señala que para ser un país competitivo debería al menos destinarse 1 por ciento del PIB al desarrollo de la ciencia y tecnología. Es usual que al político activo cuando se le cuestiona al respecto de esta situación suele defender el apoyo a la ciencia con macahuitl en mano cual guerrero azteca, sin embargo, como sucede habitualmente el discurso político y la acción no van de la mano, es por ello que del 2003 al 2007 el porcentaje para ciencia y tecnología decreció de 0.43 a 0.35 por ciento del PIB y el presupuesto asignado para el 2010 es de 0.34 por ciento. Datos en verdad muy preocupantes. Una de las desagradables secuelas de este descuido (por gobernantes y ciudadanos) es nuestra confusa visión de lo que entendemos por ciencia.
Es importante aclarar cuales son algunos de los beneficios que ofrece la ciencia como parte integral de una cultura, entre una de sus ventajas permite evitar la recurrencia del hombre a la autoridad para resolver sus dudas, fomenta su búsqueda de respuestas dentro de un marco racional situado en la realidad y de acuerdo a principios de valor objetivo que excluyen el dogma y las situaciones mágicas como criterios de validez para aceptarlas. Desarrolla una madurez intelectual entre nuestras virtudes personales y permite descartar con mayor facilidad entre la demagogia y la verdad. Asimismo, las naciones que la adoptan amplían su desarrollo y progreso económico, además de mejorar las capacidades de la fuerza laboral con la creación de nuevos conocimientos y tecnologías. Al mismo tiempo, es parte esencial en el progreso de sus sistemas de salud y seguridad.
Desde el punto de vista personal podríamos preguntarnos: ¿Qué podemos hacer para integrar a la ciencia como parte de nuestra cultura?, es claro que el problema es muy complejo y la recuperación deberá emanar de la sociedad misma y es por ello que a cada uno de nosotros nos corresponde participar en su florecimiento, unas sugerencias son las siguientes:
Apagar la televisión por un tiempo y desarrollar el hábito de la lectura. Leer sobre temas de ciencia, historia y humanidades.
Fomentar el interés científico en el hogar, con nuestros amigos y vecinos. Conversar, discutir y escribir lo que aprendamos. Asistir a museos y exposiciones artísticas y científicas.
Participar en la elección de los futuros gobernantes y demás representantes políticos. Analizar que sus propuestas incluyan el uso de la ciencia y la tecnología para beneficio de la sociedad. Verificar que su historial profesional-académico ameriten su elección a fin de proveer confianza en el futuro desempeño de sus funciones.
Al representante político en acción, exigirle el formalizar sus propuestas y participar en el logro de esas metas. Pedir la construcción de nuevas bibliotecas y la mejora de las existentes.
Cumplir de manera ética e íntegra con nuestras obligaciones personales y profesionales.
Ser optimistas en nuestra vida diaria y en cualquier trabajo en el que nos desenvolvamos.
Para finalizar solo queda agregar que la ciencia no engaña, el engaño esta en quien no sabe. El verdadero cambio esta en nosotros mismos.
Referencias:
[1] De las Heras, M., La ciencia de los milagros, EL PAIS, 29/03/2010.
[2] Pérez Tamayo, R., Ciencia, ética y sociedad, El Colegio Nacional, 1991.
[3] Ruiz Gutiérrez, R., Ciencia para el desarrollo de México, La Jornada, sección LaJornada en la ciencia.
* Investigador Postdoctoral, Universidad de Notre Dame, EUA.
jueves, 19 de agosto de 2010
"3º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD INDIGENA "MATLALCUEYETL 2010",
A realizarse en el municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxacala del 28 al 30 de octubre de 2010.
En el marco del año internacional del encuentro entre culturas, y la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana
Este evento es una iniciativa de la sociedad civil organizada, es un espacio de propuesta y expresión para todas aquellas voces jóvenes –no importando la edad-
que hablan desde el corazón; por lo tanto es incluyente, pero ajeno a cualquier partido político. La ruta que hemos decidido es la del arte que favorece diversas maneras para expresar la consciencia y las emociones que se tienen sobre el mundo que habitamos y las relaciones que establecemos. De este modo, el encuentro tiene como fin último vincular las múltiples experiencias jóvenes generadas y casi nunca escuchadas a lo largo y ancho del país.
Considerando que en abril de 2007 se realizó el Primer Foro Nacional Juvenil Náhuatl –en el cual 3000 jóvenes asistentes acordaron darle continuidad a este foro de expresión- en septiembre de 2009 se realizó el Segundo Foro Nacional de Jóvenes Hablantes de lenguas Originarias y con la finalidad de contribuir al desarrollo de políticas públicas que incluyan a los jóvenes como eje principal del desarrollo, y de acuerdo a la declaración de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en octubre de 2008, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, cuyo eje temático fue “Juventud y Desarrollo”: se organizarán círculos de discusión en los siguientes ejes temáticos: 1) Economías Solidarias; 2) La Malinche: Parque Nacional; 3) Aplicaciones alternativas del arte ; y, 4) Juventud indígena y migración.
Cuyos resultados se resumirán en propuestas jóvenes que contribuyan al fortalecimiento y la regeneración de nuestras comunidades.
De la participación
Podrán asistir todos los jóvenes hablantes de alguna lengua originaria del mundo, así como los interesados en preservar y fortalecer las culturas originarias y la convivencia intercultural con ánimo propositivo para analizar, discutir y generar propuestas que beneficien a sus comunidades y a otros jóvenes.
Podrá participar en los círculos de discusión, todo joven interesado en el tema, del país y del mundo.
Podrán participar también las organizaciones civiles, instancias de gobierno, empresas, organismos, grupos formales y no formales, que trabajen en materia de desarrollo comunitario, cultural y/o artístico, desde una perspectiva juvenil.
Del Registro
La presente convocatoria queda abierta desde su emisión, hasta el 28 de octubre de 2010, a las 12:00 horas.
Los interesados podrán inscribirse y registrar sus propuestas por correo electrónico a laboratorioescenico@gmail.com, el formato puede solicitarse al mismo correo y también estará a disposición en la página www.laboratorioescenico.org a partir de la emisión de la presente convocatoria.
Informes a los teléfonos:
En Xalapa, Veracruz 01(228)8410092
En San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala 01(246)4166027
IMPORTANTE:
a) Este es un foro campamento, trae tu casa de campaña, bolsa de dormir, plato, vaso y cuchara (colaboremos para no generar basura). Habrá comida regional a precios accesibles.
b) El costo de recuperación será de $300.00 maestros y público en general y $150.00 estudiantes, se darán precios especiales a grupos; extranjeros 30.00 USD
c) Las rutas para llegar a la sede del evento, estarán disponibles en nuestra página de internet a partir del 5 de agosto del 2010.
d) Mayores informes respecto a la sede, en gustavo.cafami@yahoo.com.mx
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por los organizadores.
Consulta nuestras páginas
www.laboratorioescenico.org
http://iipsoculta.wordpress.com
Tetlanohcan, Tlaxcala, a 21 de junio de 2010.
NOTA: Esta convocatoria incluye la participación en los círculos de discusión y un programa de conferencias, paneles, espectáculos artísticos, talleres y exposiciones cuyo programa daremos a conocer oportunamente en la página web.
miércoles, 18 de agosto de 2010
Académicos universitarios: de la profesionalización a la precarización
Miércoles, 18 de agosto de 2010 La Jornada de Oriente - Puebla -
GERMÁN SÁNCHEZ DAZA
La consolidación del sistema de educación superior en Puebla en la década de los 70 sólo pudo ser alcanzada por el establecimiento de la profesionalización de la actividad académica. Los avances científico–tecnológicos fueron requiriendo de profesionales que se dedicaran de manera integral a la actualización, profundización y, posteriormente, generación de conocimientos y saberes que tenían que plasmarse en los planes y programas de estudio. Indudablemente que la profesionalización formó parte de los logros alcanzados por los universitarios, fue una de las reivindicaciones desde fines de la década de los 60 en la Universidad Autónoma de Puebla(UAP).
La profesionalización requirió el establecimiento de normas y regulaciones, laborales y académicas, constituyéndose un modelo que podríamos denominar como bilateral, en el que participaban tanto los trabajadores académicos –organizados en su sindicato (SUNTUAP)– y las autoridades de la institución universitaria. Se estableció un contrato colectivo que definía tabuladores salariales, formas de ingreso y ascenso, obligaciones y derechos de los académicos. Los grados y la experiencia académica fueron sustituyendo a las prácticas discrecionales (que incluía en cierta medida la filiación partidaria). Los concursos por oposición se constituyeron en una práctica que se fue imponiendo en la UAP.
Los salarios de los universitarios se mejoraron, ubicándose entre los más altos de Puebla y alcanzando su máximo en 1982; sin embargo, la crisis vino a ajustar cuentas a todos los trabajadores, la caída del salario fue brutal, para el caso de la UAP en 1990 la pérdida era de dos tercios.
La década de los 80 fue también la conclusión de los modelos establecidos, tanto en lo educativo como en lo laboral; la imposición de las políticas neoliberales cuestionó lo alcanzado, puso en el centro del funcionamiento del sistema educativo los criterios de calidad, productividad, eficiencia y pertinencia. En la UAP el desmantelamiento e imposición ocurrieron a partir de 1990: el desconocimiento del SUNTUAP y la nueva normativa universitaria transformaron las relaciones laborales de los académicos, sometidos por los bajos salarios y la política represiva de la administración dogerista, se desconoció el contrato colectivo y se limitó la participación sindical en las formas de ingreso, ascenso y gestión académica, a cambio se impulsó un proceso de homologación salarial organizado desde la jerarquía de la administración y que estuvo plagado de irregularidades y de decisiones políticas, por encima de los criterios académicos que se pretendió seguir.
Así, se establecerá la política de estímulos a la productividad al trabajo académico, surgido inicialmente en 1993 y revitalizado en 1997, el programa tuvo como objetivo principal revalorar y estimular el desarrollo de la carrera docente del personal académico de las universidades públicas mexicanas, a fin de acrecentar su calidad, dedicación y permanencia. En realidad se buscó aprovechar las condiciones de deterioro salarial y de crisis de los modelos universitarios existentes a fin de sujetar a las políticas neoliberales tanto a las universidades públicas (debilitando o destruyendo su autonomía) como al trabajo académico; en éste caso se trataba de implantar una gestión tayloriana; desgranando y midiendo las actividades académicas (investigación y docencia), al mismo tiempo se permitía la intromisión de las políticas gubernamentales e institucionales en la cotidianeidad del aula y del laboratorio, todo ello a cambio de un estímulo económico; promoción de la competencia, respuesta individual sobre la colectiva, intensa preocupación sobre el cumplimiento de los parámetros requeridos, uso clientelar de la acreditación de actividades, son parte de las prácticas que se generaron.
La evolución de ese programa en la UAP se daría como un proceso de constante negociación, en el que sus autoridades se restringieron a seguir los lineamientos del gobierno federal y cada año los académicos tenían que presionar para modificar tal o cual criterio, sin embargo, después de más de una década de existencia, el programa de estímulos se ha convertido en una guía práctica del quehacer académico, prácticamente un manual de puestos tayloriano.
Las políticas desarrolladas a partir de la década de los 90, incluyendo el programa de estímulos, han generado un trabajo académico altamente especializado, diferenciado y precarizado.
Por un lado, la productividad vino a incentivar la alta especialización y dedicación, a pesar de algunos intentos por promover el trabajo de grupo, la individualización era el eje central de los estímulos, de tal forma que las sabias autoridades federales tuvieron que crear otro programa para atacar las prácticas que se estaban generando, el de Cuerpos Académicos. Asimismo, las restricciones financieras y los criterios de eficiencia y calidad vinieron a restringir la ampliación de la plantilla y se incrementó la contratación de profesores por hora.
Por otro lado, esas políticas promovieron, primero, la elevación de los niveles de estudio, maestría y doctorado, sin que se establecieran mecanismos claros e institucionales para reconocer el esfuerzo realizado, es decir que la adquisición de un grado superior no significaba de manera directa una mejoría salarial o en las condiciones de trabajo, esto sólo era posible bien por las decisiones discrecionales de las autoridades bien a través de lograr algún financiamiento en las convocatorias públicas. Segundo, la ampliación de la matrícula de posgrado en el país permitió disponer de jóvenes egresados de maestrías y doctorados, sin embargo, en las universidades públicas las contrataciones de tiempo completo son restringidas, su posible incorporación sólo se hace como hora clase y, en el mejor de los casos, como profesor de tiempo completo eventual, condición que le otorga un estatus: sujeto a las decisiones discrecionales de las autoridades, menores prestaciones, pésimas condiciones de trabajo, es decir un trabajo precarizado.
De esta manera se ha segmentado el trabajo académico, de tal forma que se puede proponer que en la UAP cuando menos habría cinco segmentos, como se puede observar en el cuadro, existiendo grandes diferencias entre ellos y una difícil transición de uno a otro. A pesar de que ya hay un reglamento, aún las recategorizaciones, definitividades e ingreso siguen siendo una decisión de las autoridades centrales y de cada unidad académica, de tal forma que es uno de los pilares de su permanencia como estamento político administrativo.
Las políticas neoliberales y la adopción realizada por las autoridades gubernamentales e institucionales han generado así una fuerte segmentación de los académicos, precarizando sus condiciones y sometiéndolos a una competencia sin fin y sin condiciones de respuesta común y solidaria. Una de las grandes pérdidas en todo este proceso ha sido la identidad y compromiso con un proyecto de universidad, una academia con escaso poder crítico frente al acontecer institucional y, más en general, social, dejando que el proyecto de universidad sea una decisión de la burocracia en turno, que en los últimos 20 años se ha comprometido no sólo con las políticas educativas sino que forma parte de la estructura de poder de la entidad.
Finalmente, es pertinente señalar que la segmentación y la precarización del trabajo académico no es exclusivo de la UAP, sino que es una cuestión general para la entidad poblana, situación que es alimentada por la privatización de la educación superior, el autoritarismo predominante en las relaciones laborales y la connivencia de funcionarios gubernamentales e institucionales, incluyendo los dueños y administradores de las universidades privadas.
GERMÁN SÁNCHEZ DAZA
La consolidación del sistema de educación superior en Puebla en la década de los 70 sólo pudo ser alcanzada por el establecimiento de la profesionalización de la actividad académica. Los avances científico–tecnológicos fueron requiriendo de profesionales que se dedicaran de manera integral a la actualización, profundización y, posteriormente, generación de conocimientos y saberes que tenían que plasmarse en los planes y programas de estudio. Indudablemente que la profesionalización formó parte de los logros alcanzados por los universitarios, fue una de las reivindicaciones desde fines de la década de los 60 en la Universidad Autónoma de Puebla(UAP).
La profesionalización requirió el establecimiento de normas y regulaciones, laborales y académicas, constituyéndose un modelo que podríamos denominar como bilateral, en el que participaban tanto los trabajadores académicos –organizados en su sindicato (SUNTUAP)– y las autoridades de la institución universitaria. Se estableció un contrato colectivo que definía tabuladores salariales, formas de ingreso y ascenso, obligaciones y derechos de los académicos. Los grados y la experiencia académica fueron sustituyendo a las prácticas discrecionales (que incluía en cierta medida la filiación partidaria). Los concursos por oposición se constituyeron en una práctica que se fue imponiendo en la UAP.
Los salarios de los universitarios se mejoraron, ubicándose entre los más altos de Puebla y alcanzando su máximo en 1982; sin embargo, la crisis vino a ajustar cuentas a todos los trabajadores, la caída del salario fue brutal, para el caso de la UAP en 1990 la pérdida era de dos tercios.
La década de los 80 fue también la conclusión de los modelos establecidos, tanto en lo educativo como en lo laboral; la imposición de las políticas neoliberales cuestionó lo alcanzado, puso en el centro del funcionamiento del sistema educativo los criterios de calidad, productividad, eficiencia y pertinencia. En la UAP el desmantelamiento e imposición ocurrieron a partir de 1990: el desconocimiento del SUNTUAP y la nueva normativa universitaria transformaron las relaciones laborales de los académicos, sometidos por los bajos salarios y la política represiva de la administración dogerista, se desconoció el contrato colectivo y se limitó la participación sindical en las formas de ingreso, ascenso y gestión académica, a cambio se impulsó un proceso de homologación salarial organizado desde la jerarquía de la administración y que estuvo plagado de irregularidades y de decisiones políticas, por encima de los criterios académicos que se pretendió seguir.
Así, se establecerá la política de estímulos a la productividad al trabajo académico, surgido inicialmente en 1993 y revitalizado en 1997, el programa tuvo como objetivo principal revalorar y estimular el desarrollo de la carrera docente del personal académico de las universidades públicas mexicanas, a fin de acrecentar su calidad, dedicación y permanencia. En realidad se buscó aprovechar las condiciones de deterioro salarial y de crisis de los modelos universitarios existentes a fin de sujetar a las políticas neoliberales tanto a las universidades públicas (debilitando o destruyendo su autonomía) como al trabajo académico; en éste caso se trataba de implantar una gestión tayloriana; desgranando y midiendo las actividades académicas (investigación y docencia), al mismo tiempo se permitía la intromisión de las políticas gubernamentales e institucionales en la cotidianeidad del aula y del laboratorio, todo ello a cambio de un estímulo económico; promoción de la competencia, respuesta individual sobre la colectiva, intensa preocupación sobre el cumplimiento de los parámetros requeridos, uso clientelar de la acreditación de actividades, son parte de las prácticas que se generaron.
La evolución de ese programa en la UAP se daría como un proceso de constante negociación, en el que sus autoridades se restringieron a seguir los lineamientos del gobierno federal y cada año los académicos tenían que presionar para modificar tal o cual criterio, sin embargo, después de más de una década de existencia, el programa de estímulos se ha convertido en una guía práctica del quehacer académico, prácticamente un manual de puestos tayloriano.
Las políticas desarrolladas a partir de la década de los 90, incluyendo el programa de estímulos, han generado un trabajo académico altamente especializado, diferenciado y precarizado.
Por un lado, la productividad vino a incentivar la alta especialización y dedicación, a pesar de algunos intentos por promover el trabajo de grupo, la individualización era el eje central de los estímulos, de tal forma que las sabias autoridades federales tuvieron que crear otro programa para atacar las prácticas que se estaban generando, el de Cuerpos Académicos. Asimismo, las restricciones financieras y los criterios de eficiencia y calidad vinieron a restringir la ampliación de la plantilla y se incrementó la contratación de profesores por hora.
Por otro lado, esas políticas promovieron, primero, la elevación de los niveles de estudio, maestría y doctorado, sin que se establecieran mecanismos claros e institucionales para reconocer el esfuerzo realizado, es decir que la adquisición de un grado superior no significaba de manera directa una mejoría salarial o en las condiciones de trabajo, esto sólo era posible bien por las decisiones discrecionales de las autoridades bien a través de lograr algún financiamiento en las convocatorias públicas. Segundo, la ampliación de la matrícula de posgrado en el país permitió disponer de jóvenes egresados de maestrías y doctorados, sin embargo, en las universidades públicas las contrataciones de tiempo completo son restringidas, su posible incorporación sólo se hace como hora clase y, en el mejor de los casos, como profesor de tiempo completo eventual, condición que le otorga un estatus: sujeto a las decisiones discrecionales de las autoridades, menores prestaciones, pésimas condiciones de trabajo, es decir un trabajo precarizado.
De esta manera se ha segmentado el trabajo académico, de tal forma que se puede proponer que en la UAP cuando menos habría cinco segmentos, como se puede observar en el cuadro, existiendo grandes diferencias entre ellos y una difícil transición de uno a otro. A pesar de que ya hay un reglamento, aún las recategorizaciones, definitividades e ingreso siguen siendo una decisión de las autoridades centrales y de cada unidad académica, de tal forma que es uno de los pilares de su permanencia como estamento político administrativo.
Las políticas neoliberales y la adopción realizada por las autoridades gubernamentales e institucionales han generado así una fuerte segmentación de los académicos, precarizando sus condiciones y sometiéndolos a una competencia sin fin y sin condiciones de respuesta común y solidaria. Una de las grandes pérdidas en todo este proceso ha sido la identidad y compromiso con un proyecto de universidad, una academia con escaso poder crítico frente al acontecer institucional y, más en general, social, dejando que el proyecto de universidad sea una decisión de la burocracia en turno, que en los últimos 20 años se ha comprometido no sólo con las políticas educativas sino que forma parte de la estructura de poder de la entidad.
Finalmente, es pertinente señalar que la segmentación y la precarización del trabajo académico no es exclusivo de la UAP, sino que es una cuestión general para la entidad poblana, situación que es alimentada por la privatización de la educación superior, el autoritarismo predominante en las relaciones laborales y la connivencia de funcionarios gubernamentales e institucionales, incluyendo los dueños y administradores de las universidades privadas.
martes, 17 de agosto de 2010
Dos sopas: legalizar o colombianizar
Denise Dresser
MÉXICO, D.F., 16 de agosto.- Cual Chabelo, el amigo de todos los niños, Felipe Calderón ha pasado las últimas semanas tratando de congraciarse con todos. Convoca foros, dialoga con gobernadores, invita a dirigentes de partidos políticos, escucha a académicos, se reúne con diversas organizaciones de la sociedad. El objetivo, en sus propias palabras, es “hacer de la lucha por la seguridad nacional una política de Estado, no una política de un presidente o de un gobierno” y “estoy acudiendo a todas las llantas del vehículo y a todas las patas de la mesa”. La intención, según argumenta, es oír, revisar, replantear y fortalecer la estrategia nacional de seguridad. Y aunque se agradece la intención –lamentablemente tardía– de Felipe Calderón, hay algo que tanto el presidente como el país necesitan entender. En cuanto a opciones para enfrentar el narcotráfico y los males que engendra –violencia, corrupción, desmoronamiento institucional– no hay mucho de dónde escoger. O se legaliza o se colombianiza. O se regulan las drogas o se involucra de manera mucho más abierta a Estados Unidos para combatirlas.
Calderón no entiende este dilema o no quiere enfrentarlo. Al examinar cuidadosamente lo que ha dicho desde que comenzó la “cruzada Chabelo”, es posible entender lo que quiere: mayor involucramiento de múltiples actores para que la ofensiva emprendida hace cuatro años no sea percibida como “su guerra”; mayor diseminación de información oficial para que la sociedad comprenda por qué hace lo que hace y decide lo que decide; mayor colaboración periodística en la cobertura de muertes y mantas, para no proporcionarle ayuda al adversario. Nada más y nada menos. No hay en sus reflexiones o afirmaciones hasta el momento una sola señal de cambio de ruta, un sólo indicio de golpe de timón; una sola sugerencia de un replanteamiento fundacional. El meollo del asunto parece ser el siguiente: o el gobierno de Calderón no sabe qué tipo de estrategia distinta desea instrumentar, o quiere seguir con la misma –incorporando algunas sugerencias de orden cosmético– pero con mayor legitimación social.
Una guerra idéntica, pero a la cual se le cambia de nombre. Una guerra igual a la que hemos presenciado, pero con menos voces críticas porque ya fueron escuchadas. Una guerra facsimilar a la de los últimos cuatro años, pero con menos denuesto porque el gobierno empieza a hablar de “colaboración”. Esa parece ser la intención real del ejercicio llevado a cabo en tiempos recientes, ya que no hemos escuchado una sola idea nueva planteada por el presidente. No hemos oído un solo replanteamiento profundo de su parte. Lo diferente es el reconocimiento a la necesidad de diálogo. Lo distinto es la aceptación de errores cometidos. Lo novedoso es que se comparta información en lugar de amurallarla. Pero la humildad no es política pública. La explicación no implica reorientación. La apertura no constituye –en sí misma– la pavimentación de un nuevo camino para sacar a México del caos. El énfasis presidencial en la “recuperación de los valores”, el sentido de “mística” de las policías, la “participación social” en la denuncia del crimen revela anhelos, pero poco más.
Mientras tanto, lo que sí hemos escuchado de Calderón es su oposición vehemente a la legalización de las drogas. Está dispuesto a que otros debatan el tema pero jamás lo hará suyo. Insiste en que los perjuicios serían mayores a los beneficios a pesar de la información comparativa disponible que subraya lo contrario. Argumenta que el consumo se dispararía aunque la despenalización de la mariguana en otros países no ha producido ese resultado. No está dispuesto a considerar una opción que muchos expertos y expresidentes han empujado, ante el fracaso histórico y comprobado de otras alternativas en otras latitudes. Así, con una posición que parece más enraizada en prejuicios morales que en razonamientos sopesados, el presidente descarta una opción que México puede y debe considerar. Aunque sea difícil reconocerlo, en este tema Vicente Fox tiene razón: “hoy estamos trabajando para Estados Unidos, y mientras ellos no hacen su tarea” para limitar su propio consumo y reducir el tráfico de armas, México aguanta las muertes y los crímenes y los cárteles.
La legalización –mediante un mercado bien regulado por el Estado– podría romper la estructura económica que produce ganancias descomunales para mafias incontenibles. Y ése sería un primer paso para disminuir la violencia y contener la corrupción.
Al descartar este paso, Felipe Calderón coloca al país en una situación en la cual sólo tiene dos alternativas: seguir insistiendo en la misma estrategia con los resultados fallidos que ya hemos visto, o reproducir el modelo colombiano. De hecho, el presidente –en varias ocasiones– ha manifestado su admiración a lo que Colombia ha logrado hacer en los últimos años. Y sin duda, como lo ha argumentado Michael Shifter del Inter-American Dialogue en su artículo A Decade of Plan Colombia, las condiciones de seguridad allí han mejorado de manera importante en la última década. Ya no puede ser descrito como un “Estado fallido”, como un país en la frontera del caos, a pesar de que sigue produciendo drogas. Las masacres han disminuido, los homicidios han caído, los secuestros han descendido, el sistema judicial ha mejorado, el Estado ha logrado restablecer su autoridad.
Pero todo ello se logró gracias a lo que Felipe Calderón tendría que exigir, explicar, legitimar: la intervención estratégica, el entrenamiento táctico, la presencia militar de Estados Unidos a cada paso. Porque es poco probable que la pacificación colombiana hubiera ocurrido sin el apoyo estadunidense de gran calado que el “Plan Colombia” implicó.
Si Felipe Calderón rechaza la legalización en México, sólo le queda exigir el combate colombianizado con la ayuda militar de Estados Unidos. Eso entrañaría que el presidente reconociera todo lo que no ha querido reconocer hasta el momento. Que la eficacia fundamental del Estado mexicano está en juego. Que sin una intervención estadunidense mayor, el deterioro en la situación de seguridad seguirá siendo progresivo. Que esa intervención implicaría no sólo la provisión de equipo militar a México, sino también la presencia de personal militar estadunidense en territorio mexicano. Que el costo en cuestión de derechos humanos sería tan alto como lo fue en Colombia. Que Calderón se verá obligado a tocar en las puertas de Washington pidiendo más ayuda y más dinero, cuando Barack Obama está intentando cerrar otros frentes y gastar menos en otras batallas. Que deberá convencer a la población mexicana sobre la conveniencia de emular el ejemplo colombiano a pesar de los claroscuros que contiene. Esa es la dura realidad que el debate actual en México no ha querido encarar. Esa es la terrible disyuntiva que el país necesita entender. Sólo hay dos sopas poco apetitosas: legalizar o colombianizar.
MÉXICO, D.F., 16 de agosto.- Cual Chabelo, el amigo de todos los niños, Felipe Calderón ha pasado las últimas semanas tratando de congraciarse con todos. Convoca foros, dialoga con gobernadores, invita a dirigentes de partidos políticos, escucha a académicos, se reúne con diversas organizaciones de la sociedad. El objetivo, en sus propias palabras, es “hacer de la lucha por la seguridad nacional una política de Estado, no una política de un presidente o de un gobierno” y “estoy acudiendo a todas las llantas del vehículo y a todas las patas de la mesa”. La intención, según argumenta, es oír, revisar, replantear y fortalecer la estrategia nacional de seguridad. Y aunque se agradece la intención –lamentablemente tardía– de Felipe Calderón, hay algo que tanto el presidente como el país necesitan entender. En cuanto a opciones para enfrentar el narcotráfico y los males que engendra –violencia, corrupción, desmoronamiento institucional– no hay mucho de dónde escoger. O se legaliza o se colombianiza. O se regulan las drogas o se involucra de manera mucho más abierta a Estados Unidos para combatirlas.
Calderón no entiende este dilema o no quiere enfrentarlo. Al examinar cuidadosamente lo que ha dicho desde que comenzó la “cruzada Chabelo”, es posible entender lo que quiere: mayor involucramiento de múltiples actores para que la ofensiva emprendida hace cuatro años no sea percibida como “su guerra”; mayor diseminación de información oficial para que la sociedad comprenda por qué hace lo que hace y decide lo que decide; mayor colaboración periodística en la cobertura de muertes y mantas, para no proporcionarle ayuda al adversario. Nada más y nada menos. No hay en sus reflexiones o afirmaciones hasta el momento una sola señal de cambio de ruta, un sólo indicio de golpe de timón; una sola sugerencia de un replanteamiento fundacional. El meollo del asunto parece ser el siguiente: o el gobierno de Calderón no sabe qué tipo de estrategia distinta desea instrumentar, o quiere seguir con la misma –incorporando algunas sugerencias de orden cosmético– pero con mayor legitimación social.
Una guerra idéntica, pero a la cual se le cambia de nombre. Una guerra igual a la que hemos presenciado, pero con menos voces críticas porque ya fueron escuchadas. Una guerra facsimilar a la de los últimos cuatro años, pero con menos denuesto porque el gobierno empieza a hablar de “colaboración”. Esa parece ser la intención real del ejercicio llevado a cabo en tiempos recientes, ya que no hemos escuchado una sola idea nueva planteada por el presidente. No hemos oído un solo replanteamiento profundo de su parte. Lo diferente es el reconocimiento a la necesidad de diálogo. Lo distinto es la aceptación de errores cometidos. Lo novedoso es que se comparta información en lugar de amurallarla. Pero la humildad no es política pública. La explicación no implica reorientación. La apertura no constituye –en sí misma– la pavimentación de un nuevo camino para sacar a México del caos. El énfasis presidencial en la “recuperación de los valores”, el sentido de “mística” de las policías, la “participación social” en la denuncia del crimen revela anhelos, pero poco más.
Mientras tanto, lo que sí hemos escuchado de Calderón es su oposición vehemente a la legalización de las drogas. Está dispuesto a que otros debatan el tema pero jamás lo hará suyo. Insiste en que los perjuicios serían mayores a los beneficios a pesar de la información comparativa disponible que subraya lo contrario. Argumenta que el consumo se dispararía aunque la despenalización de la mariguana en otros países no ha producido ese resultado. No está dispuesto a considerar una opción que muchos expertos y expresidentes han empujado, ante el fracaso histórico y comprobado de otras alternativas en otras latitudes. Así, con una posición que parece más enraizada en prejuicios morales que en razonamientos sopesados, el presidente descarta una opción que México puede y debe considerar. Aunque sea difícil reconocerlo, en este tema Vicente Fox tiene razón: “hoy estamos trabajando para Estados Unidos, y mientras ellos no hacen su tarea” para limitar su propio consumo y reducir el tráfico de armas, México aguanta las muertes y los crímenes y los cárteles.
La legalización –mediante un mercado bien regulado por el Estado– podría romper la estructura económica que produce ganancias descomunales para mafias incontenibles. Y ése sería un primer paso para disminuir la violencia y contener la corrupción.
Al descartar este paso, Felipe Calderón coloca al país en una situación en la cual sólo tiene dos alternativas: seguir insistiendo en la misma estrategia con los resultados fallidos que ya hemos visto, o reproducir el modelo colombiano. De hecho, el presidente –en varias ocasiones– ha manifestado su admiración a lo que Colombia ha logrado hacer en los últimos años. Y sin duda, como lo ha argumentado Michael Shifter del Inter-American Dialogue en su artículo A Decade of Plan Colombia, las condiciones de seguridad allí han mejorado de manera importante en la última década. Ya no puede ser descrito como un “Estado fallido”, como un país en la frontera del caos, a pesar de que sigue produciendo drogas. Las masacres han disminuido, los homicidios han caído, los secuestros han descendido, el sistema judicial ha mejorado, el Estado ha logrado restablecer su autoridad.
Pero todo ello se logró gracias a lo que Felipe Calderón tendría que exigir, explicar, legitimar: la intervención estratégica, el entrenamiento táctico, la presencia militar de Estados Unidos a cada paso. Porque es poco probable que la pacificación colombiana hubiera ocurrido sin el apoyo estadunidense de gran calado que el “Plan Colombia” implicó.
Si Felipe Calderón rechaza la legalización en México, sólo le queda exigir el combate colombianizado con la ayuda militar de Estados Unidos. Eso entrañaría que el presidente reconociera todo lo que no ha querido reconocer hasta el momento. Que la eficacia fundamental del Estado mexicano está en juego. Que sin una intervención estadunidense mayor, el deterioro en la situación de seguridad seguirá siendo progresivo. Que esa intervención implicaría no sólo la provisión de equipo militar a México, sino también la presencia de personal militar estadunidense en territorio mexicano. Que el costo en cuestión de derechos humanos sería tan alto como lo fue en Colombia. Que Calderón se verá obligado a tocar en las puertas de Washington pidiendo más ayuda y más dinero, cuando Barack Obama está intentando cerrar otros frentes y gastar menos en otras batallas. Que deberá convencer a la población mexicana sobre la conveniencia de emular el ejemplo colombiano a pesar de los claroscuros que contiene. Esa es la dura realidad que el debate actual en México no ha querido encarar. Esa es la terrible disyuntiva que el país necesita entender. Sólo hay dos sopas poco apetitosas: legalizar o colombianizar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
