Los juvenicidios: entre los crímenes por acción y los crímenes por omisión

Jueves, 18 de marzo de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla -




Wulfrano Torres Pérez*

Si los responsables del mundo son todos venerablemente adultos, y el mundo está como está, ¿no será que

debemos prestar más

atención a los jóvenes?

Mario Benedetti



De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas los sectores vulnerables son aquéllos conjuntos de personas que viven en situación de discriminación por factores inherentes a su condición, porque no reciben atención suficiente del Estado, o porque éste o algunos de sus integrantes violan sus derechos por acción u omisión. Tal es el caso de millones de jóvenes en el mundo, cuya población se calcula en más de mil 500 millones entre 10 y 24 años de edad (la generación más numerosa de la historia humana); 70 por ciento de los cuales viven en países en desarrollo. Indicadores recopilados por la Organización Internacional del Trabajo revelan que en 2009, en América Latina y el Caribe hay 104 millones de jóvenes que enfrentan el siguiente panorama: 34 por ciento de ellos solamente estudia; 33 por ciento sólo trabaja; 13 por ciento estudia y trabaja y 20 por ciento no estudia ni trabaja.

Sin embargo, los jóvenes mexicanos enfrentan una situación particularmente delicada. A pesar de que ellos representan el 27.3 por ciento de la población (29.1 millones de personas entre 15 a 29 años de edad) no existen políticas públicas que den respuestas a sus necesidades y se carece de un proyecto de nación que tome en cuenta la riqueza de sus jóvenes, ni planes que los incluya. Es lamentable el abandono en el que se tiene a la generación mejor preparada en nuestra historia, atentando así contra el futuro inmediato de nuestro país. El tamaño de la irresponsabilidad e incompetencia de los “venerables adultos” de nuestra clase política sólo es comparable con la magnitud de su corrupción e impunidad que los caracteriza. ¿Cuál ha sido el costo para la mayoría de los mexicanos del “haiga sido como haiga sido”, “las manos limpias”, “el presidente del empleo”, “la guerra contra las drogas”, “el catarrito”, entre otras fatales y estúpidas mentiras?

En materia educativa, de acuerdo con datos de la SEP, hay ocho millones de jóvenes que están en rezago educativo (con una educación básica inconclusa); casi 6 millones no han terminado la secundaria y hay 2.4 millones de chavos en edad de cursar el bachillerato pero no lo hacen; con relación a la educación superior, sólo uno de cada cuatro jóvenes logran ingresar a la universidad.

En el renglón laboral, la situación no es mejor; de los casi 15 millones de jóvenes que si trabajan, 58.3 por ciento no cuentan con un contrato laboral y reciben un pago que en promedio no supera los tres salarios mínimos (Encuesta Nacional de Juventud 2005). Lo que resulta más grave aún, es que ni la preparación es suficiente argumento para asegurar un trabajo digno para la juventud en nuestro país; se calcula que el 35 por ciento de la población con instrucción media superior y superior está desempleada (Inegi, 2009). Sin embargo, esto no es todo, a este sistema neoliberal de la economía, impuesto en nuestro país por los últimos gobiernos prianistas, les sobran por lo menos 7 millones de jóvenes que han sido excluidos de los servicios educativos y que no tienen cabida en el mercado laboral (conocidos como ninis), condición que los convierte en candidatos idóneos para engrosar las filas de la delincuencia. Edgardo Buscaglia, afirma que alrededor de 60 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 17 años que habita en las 13 entidades federativas de mayor violencia generada por el narcotráfico, consideran que los capos y los grupos criminales son una alternativa de vida viable y tentadora (Castillo, La Jornada marzo 7 de 2010).

En este círculo vicioso tan absurdo como criminal, primero son excluidos y privados de cualquier oportunidad para su desarrollo, empujándolos a delinquir para sobrevivir y después se les persigue y reprime por antisociales, generando con ello la criminalización de la juventud. Así, de acuerdo con cifras del Inegi el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y 49 por ciento del fuero común son jóvenes. Son también ellos los que alimentan la “nota roja”, víctimas que fallecen a manos de los delincuentes, pero a veces también, de las fuerzas del “orden”. Este juvenicidio refleja el grado de descomposición de un gobierno de dudosa legitimidad. ¿Quiénes son más criminales, los que contratan a niños y jóvenes para delinquir o los que incumpliendo su obligación de atenderlos, los abandonan a su suerte? Esta guerra nada inteligente que Calderón ha emprendido en contra del crimen organizado y cuyo saldo, entre otros, son los miles de muertos inocentes y otros tantos de niños huérfanos, nada tiene que ver con un verdadero combate y prevención de la farmacodependencia que padecen miles de nuestros jóvenes.

El consumo de drogas ha aumentado en 127 por ciento durante la presente administración federal; en la última década, la edad de inicio del consumo bajó de 12 a 10 años de edad en nuestros niños y sigue peligrosamente disminuyendo; además el uso de drogas aumentó a mayor velocidad entre la población femenina con respecto a los hombres, se calcula que por cada 4.6 consumidores varones hay una mujer. Otro dato revelador y preocupante (o que debería serlo) es que en 82 por ciento de los casos de adicción, la exposición a la droga se dio en el ámbito escolar. Asociado a dicho fenómeno, se ha podido constatar cómo los índices de violencia en las escuelas van en aumento entre alumnos de primaria y de secundaria (19 por ciento de los primeros ha participado en peleas donde hay agresión física, contra 11 de los segundos). Con relación al consumo de bebidas alcohólicas, se ha incrementado significativamente entre los menores de edad en los últimos 15 años (Encuesta Nacional de Adicciones 2008).

Ante este panorama poco alentador se ha desarrollado entre la juventud un sentimiento de desconfianza, desesperanza, y frustración; de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia, 54.6 por ciento de nuestros jóvenes confiesan estar tristes y creer que su vida es un fracaso y 13.3 por ciento atentaron contra su vida. Las entidades con mayores índices de depresión entre su población juvenil son Veracruz, con 60.6 por ciento y le sigue Puebla, con 60.3 por ciento. Con relación a los chavos que han pensado en suicidarse, Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional con 15.9 por ciento. Es realmente preocupante que entre 1970 y 2007 el suicidio se incrementó más de 270 por ciento. De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría, en 2008 siete de cada 10 jóvenes de entre 12 y 29 años que intentaron suicidarse estaban sin trabajo y seis de cada 10 no estudiaban.

A pesar de la seriedad y magnitud del problema, a los gobernantes esta realidad no parece preocuparles, están entretenidos en su carrera y ambiciones políticas, en cómo cometer fraudes, traiciones y alianzas a espaldas de los ciudadanos y a costa de aumentarles los impuestos, así como a convivir cobijados por la impunidad. Cuando la incompetencia y la soberbia de los políticos superan notoriamente a su inteligencia y su probidad, el resultado es el cinismo y la estupidez en su máxima expresión generando serios daños al país. Si los gobernantes tuvieran la suficiente sabiduría para reconocer su incompetencia, la elemental decencia para pedir perdón por sus fechorías y la mínima vergüenza que les hiciera renunciar a sus cargos, nuestro país tendría un mejor futuro y con él, sus niños y jóvenes.

*Profesor–investigador de la Facultad de Psicología, UAP.
torresw55@hotmail.com