Académicos universitarios: de la profesionalización a la precarización

Miércoles, 18 de agosto de 2010 La Jornada de Oriente - Puebla -

GERMÁN SÁNCHEZ DAZA

La consolidación del sistema de educación superior en Puebla en la década de los 70 sólo pudo ser alcanzada por el establecimiento de la profesionalización de la actividad académica. Los avances científico–tecnológicos fueron requiriendo de profesionales que se dedicaran de manera integral a la actualización, profundización y, posteriormente, generación de conocimientos y saberes que tenían que plasmarse en los planes y programas de estudio. Indudablemente que la profesionalización formó parte de los logros alcanzados por los universitarios, fue una de las reivindicaciones desde fines de la década de los 60 en la Universidad Autónoma de Puebla(UAP).

La profesionalización requirió el establecimiento de normas y regulaciones, laborales y académicas, constituyéndose un modelo que podríamos denominar como bilateral, en el que participaban tanto los trabajadores académicos –organizados en su sindicato (SUNTUAP)– y las autoridades de la institución universitaria. Se estableció un contrato colectivo que definía tabuladores salariales, formas de ingreso y ascenso, obligaciones y derechos de los académicos. Los grados y la experiencia académica fueron sustituyendo a las prácticas discrecionales (que incluía en cierta medida la filiación partidaria). Los concursos por oposición se constituyeron en una práctica que se fue imponiendo en la UAP.

Los salarios de los universitarios se mejoraron, ubicándose entre los más altos de Puebla y alcanzando su máximo en 1982; sin embargo, la crisis vino a ajustar cuentas a todos los trabajadores, la caída del salario fue brutal, para el caso de la UAP en 1990 la pérdida era de dos tercios.

La década de los 80 fue también la conclusión de los modelos establecidos, tanto en lo educativo como en lo laboral; la imposición de las políticas neoliberales cuestionó lo alcanzado, puso en el centro del funcionamiento del sistema educativo los criterios de calidad, productividad, eficiencia y pertinencia. En la UAP el desmantelamiento e imposición ocurrieron a partir de 1990: el desconocimiento del SUNTUAP y la nueva normativa universitaria transformaron las relaciones laborales de los académicos, sometidos por los bajos salarios y la política represiva de la administración dogerista, se desconoció el contrato colectivo y se limitó la participación sindical en las formas de ingreso, ascenso y gestión académica, a cambio se impulsó un proceso de homologación salarial organizado desde la jerarquía de la administración y que estuvo plagado de irregularidades y de decisiones políticas, por encima de los criterios académicos que se pretendió seguir.

Así, se establecerá la política de estímulos a la productividad al trabajo académico, surgido inicialmente en 1993 y revitalizado en 1997, el programa tuvo como objetivo principal revalorar y estimular el desarrollo de la carrera docente del personal académico de las universidades públicas mexicanas, a fin de acrecentar su calidad, dedicación y permanencia. En realidad se buscó aprovechar las condiciones de deterioro salarial y de crisis de los modelos universitarios existentes a fin de sujetar a las políticas neoliberales tanto a las universidades públicas (debilitando o destruyendo su autonomía) como al trabajo académico; en éste caso se trataba de implantar una gestión tayloriana; desgranando y midiendo las actividades académicas (investigación y docencia), al mismo tiempo se permitía la intromisión de las políticas gubernamentales e institucionales en la cotidianeidad del aula y del laboratorio, todo ello a cambio de un estímulo económico; promoción de la competencia, respuesta individual sobre la colectiva, intensa preocupación sobre el cumplimiento de los parámetros requeridos, uso clientelar de la acreditación de actividades, son parte de las prácticas que se generaron.

La evolución de ese programa en la UAP se daría como un proceso de constante negociación, en el que sus autoridades se restringieron a seguir los lineamientos del gobierno federal y cada año los académicos tenían que presionar para modificar tal o cual criterio, sin embargo, después de más de una década de existencia, el programa de estímulos se ha convertido en una guía práctica del quehacer académico, prácticamente un manual de puestos tayloriano.

Las políticas desarrolladas a partir de la década de los 90, incluyendo el programa de estímulos, han generado un trabajo académico altamente especializado, diferenciado y precarizado.

Por un lado, la productividad vino a incentivar la alta especialización y dedicación, a pesar de algunos intentos por promover el trabajo de grupo, la individualización era el eje central de los estímulos, de tal forma que las sabias autoridades federales tuvieron que crear otro programa para atacar las prácticas que se estaban generando, el de Cuerpos Académicos. Asimismo, las restricciones financieras y los criterios de eficiencia y calidad vinieron a restringir la ampliación de la plantilla y se incrementó la contratación de profesores por hora.

Por otro lado, esas políticas promovieron, primero, la elevación de los niveles de estudio, maestría y doctorado, sin que se establecieran mecanismos claros e institucionales para reconocer el esfuerzo realizado, es decir que la adquisición de un grado superior no significaba de manera directa una mejoría salarial o en las condiciones de trabajo, esto sólo era posible bien por las decisiones discrecionales de las autoridades bien a través de lograr algún financiamiento en las convocatorias públicas. Segundo, la ampliación de la matrícula de posgrado en el país permitió disponer de jóvenes egresados de maestrías y doctorados, sin embargo, en las universidades públicas las contrataciones de tiempo completo son restringidas, su posible incorporación sólo se hace como hora clase y, en el mejor de los casos, como profesor de tiempo completo eventual, condición que le otorga un estatus: sujeto a las decisiones discrecionales de las autoridades, menores prestaciones, pésimas condiciones de trabajo, es decir un trabajo precarizado.

De esta manera se ha segmentado el trabajo académico, de tal forma que se puede proponer que en la UAP cuando menos habría cinco segmentos, como se puede observar en el cuadro, existiendo grandes diferencias entre ellos y una difícil transición de uno a otro. A pesar de que ya hay un reglamento, aún las recategorizaciones, definitividades e ingreso siguen siendo una decisión de las autoridades centrales y de cada unidad académica, de tal forma que es uno de los pilares de su permanencia como estamento político administrativo.

Las políticas neoliberales y la adopción realizada por las autoridades gubernamentales e institucionales han generado así una fuerte segmentación de los académicos, precarizando sus condiciones y sometiéndolos a una competencia sin fin y sin condiciones de respuesta común y solidaria. Una de las grandes pérdidas en todo este proceso ha sido la identidad y compromiso con un proyecto de universidad, una academia con escaso poder crítico frente al acontecer institucional y, más en general, social, dejando que el proyecto de universidad sea una decisión de la burocracia en turno, que en los últimos 20 años se ha comprometido no sólo con las políticas educativas sino que forma parte de la estructura de poder de la entidad.

Finalmente, es pertinente señalar que la segmentación y la precarización del trabajo académico no es exclusivo de la UAP, sino que es una cuestión general para la entidad poblana, situación que es alimentada por la privatización de la educación superior, el autoritarismo predominante en las relaciones laborales y la connivencia de funcionarios gubernamentales e institucionales, incluyendo los dueños y administradores de las universidades privadas.